68 millones de dólares para los medios capitalinos, migajas para el interior

Editorial de Esequiel Ibarra

Casi 68 millones de dólares.

Eso gastó el Estado uruguayo en publicidad entre 2024 , 2025 y 2026, y el relevamiento realizado indica que la inmensa mayoría fue a parar a los grandes medios de comunicación de la capital, centralizados en los principales canales de televisión.
Del otro lado del mostrador queda la prensa del interior, que informa todos los días a miles de uruguayos y recibe, en el mejor de los casos, las sobras del reparto.

Los números
Los totales surgen del expediente N° 2026-2-1-0001404 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
En pesos corrientes, el gasto en publicidad, propaganda, impresiones y encuadernaciones fue de 2.711 millones en los dos años cerrados, unos 68 millones de dólares a un tipo de cambio aproximado de 40 pesos por dólar.
Las empresas públicas explican 2.289 millones de pesos, alrededor de 57 millones de dólares: 1.171 millones en 2024 y 1.118 millones en 2025.
La Administración Central suma 421 millones de pesos, unos 10,5 millones de dólares: 227 millones en 2024 y 194 millones en 2025. En ambos casos hubo una baja entre un año y otro, del 14,5% en la Administración Central y del 4,5% en las empresas públicas.
El gasto, además, está muy concentrado.
ANTEL, BROU y UTE explican casi el 82% de lo que gastaron las empresas públicas: 975, 614 y 283 millones de pesos respectivamente.
Solo ANTEL representa más del 42% del total.
Dentro de la Administración Central, un único inciso concentró el 51% del gasto en 2024 y el 56% en 2025.
La pauta oficial depende de muy pocas decisiones, y esas decisiones se toman en Montevideo.
A eso hay que sumar que la cifra no incluye a las intendencias, por lo que el gasto total del Estado en prensa es todavía mayor.
El expediente incluye también la ejecución preliminar del ejercicio 2026, pero solo para la Administración Central y con corte al 5 de octubre.
A esa fecha ya se habían ejecutado 72.985.819 pesos, unos 1,8 millones de dólares.
Es el 37,5% de todo lo gastado en 2025 cuando todavía faltan casi tres meses, lo que sugiere un ritmo menor al del año anterior, aunque se trata de una cifra preliminar que no es comparable de forma directa con un año cerrado.
Con ese dato, el acumulado de la Administración Central entre 2024 y lo que va de 2026 llega a 494,8 millones de pesos, cerca de 12,4 millones de dólares.

La estructura se repite.
De los 73 millones de 2026, 60,7 millones corresponden al concepto genérico de publicidad, el 83% del total, y 8,4 millones a impresiones y reproducciones.
Los códigos que identifican el medio casi no se usan: publicidad en televisión registra 24.137 pesos, la prensa escrita 742.571 y la radio no registra ningún monto.
Es decir, el Estado casi no discrimina en qué tipo de medio pone su dinero.
La concentración también se mantiene: un único inciso explica 33 millones de pesos, el 45% del gasto del año.
De las empresas públicas, que son las que más gastan, no hay datos de 2026.
La OPP informa que sus balances de ejecución son anuales y que no puede brindar la información entre el 1° de enero y el 17 de setiembre de 2026.
Lo que más pesa en la pauta oficial queda, por ahora, sin ninguna medición del año en curso.

El contraste
Frente a ese volumen, los medios del interior no reciben ni el 2% del reparto.
Sobre 68 millones de dólares, hablamos de menos de 1,4 millones para todos los medios del país fuera de Montevideo en dos años, menos de 700.000 dólares por año.
Más del 98% de la pauta oficial se queda en la capital.
Dicho de otro modo: de cada cincuenta dólares que el Estado destina a comunicar, menos de uno llega a los dieciocho departamentos restantes.
Esa diferencia no es un detalle contable.
Es una definición de a quién se considera relevante, y de quién se espera que escuche, y de quién no.

No podemos olvidar que hay un periodismo del interior que no sale en los grandes canales y medios que, sin embargo, sostiene buena parte de la vida democrática del país.
Es el que cubre la sesión de la junta departamental que nadie más va a mirar.
El que pregunta por la obra que lleva años sin terminarse.
El que sigue la licitación local, el gasto de la intendencia, la designación de un cargo de confianza.
El que le da voz al vecino cuyo reclamo no entra en la agenda de la capital.
En muchas localidades, el medio local es el único control cotidiano sobre el poder.
Si el intendente, el edil o el jerarca de turno saben que alguien los mira, gobiernan distinto. Cuando ese medio desaparece, no queda otro que lo reemplace: ningún canal de Montevideo va a destinar un móvil para seguir una licitación en un pueblo del interior.
La fiscalización se apaga en silencio y nadie lo registra.
No hay titular que diga “hoy dejó de controlarse a la junta departamental”.
Simplemente deja de pasar.
Pero el rol de esta prensa va mucho más allá de controlar.
Es memoria y es identidad.
Cuenta lo que pasa en la escuela, en el club de barrio, en la feria, en la fiesta patronal, en la cooperativa, en el hospital.
Registra el homenaje al vecino que se jubila, el logro del deportista local, el aniversario de la localidad, la historia de los fundadores.
Es el archivo cotidiano de una comunidad, y cuando se pierde, se pierde una parte de lo que ese pueblo sabe de sí mismo.
También es servicio público en el sentido más concreto.
Informa sobre el corte de ruta, la alerta climática, la jornada de vacunación, el cambio de horario de un servicio, la campaña de donación, el vecino que se perdió.
En el campo y en los pueblos chicos, la radio sigue siendo compañía, canal de emergencia y punto de encuentro.
Hay lugares donde es el primer aviso ante una inundación y el único medio al que la gente escucha.
Y lo hace desde adentro, con periodistas que viven en la comunidad que cubren, que conocen a sus fuentes y que responden ante sus vecinos todos los días, en la calle, en el almacén, en la puerta de la escuela.
Esa cercanía no se improvisa ni se reemplaza.
Hay además una dimensión que rara vez se menciona y que me es imprescindible defender acérrimamente al ver estás escandalosas cifras de la capital: el trabajo.
Cada medio del interior es una fuente de empleo calificado en lugares donde las oportunidades son pocas.
Periodistas, técnicos, locutores, fotógrafos, personal comercial: gente que se queda, que vive y que gasta en el departamento, y que evita que el talento se vaya a la capital.
Sostener un medio local es también sostener una pequeña economía y una forma de arraigo.
Y está el pluralismo.
Una democracia sana necesita voces diversas, y la diversidad no se mide solo en la cantidad de canales de Montevideo, sino en que existan miradas distintas desde cada territorio.
El interior no es un destinatario de la información: es productor de información, de opinión y de cultura.
Un país que escucha solo a su capital se informa a medias.
El problema de fondo es que todo eso se hace con estructuras pequeñas, equipos reducidos y una base de anunciantes limitada por el tamaño del mercado local.
A diferencia de los grandes medios, que pueden apoyarse en grupos económicos, audiencias masivas y pautas nacionales, el medio del interior depende de un puñado de comercios y empresas de la zona.
Para ellos, la pauta oficial no es un privilegio: es la diferencia entre sostener una redacción independiente o depender de los pocos avisadores del lugar, con todas las presiones que eso implica.
Un medio que vive de dos o tres anunciantes locales es un medio más expuesto, más cauteloso y, a la larga, más callado…
A eso se suma un escenario cada vez más difícil.
La publicidad migra a las plataformas digitales, los costos suben, las audiencias se fragmentan.
Los medios chicos son los primeros en sentir el golpe y los últimos en recibir ayuda. Y cuando el principal anunciante del país, el Estado, también los mira de lejos, el panorama se vuelve insostenible.
El reparto actual alimenta, además, un círculo que se retroalimenta: quien tiene más audiencia producto de la capacidad millonaria que el estado les da, recibe más pauta, y quien recibe más pauta puede sostener esa audiencia.
Quien no la recibe se debilita y queda cada vez más lejos de poder competir.
Aplicado sin ninguna corrección, el criterio del alcance masivo profundiza la brecha entre Montevideo y el resto del país.
Es una lógica que premia al que ya es grande y condena al que apenas sobrevive.
Un Estado que dice descentralizar no puede comunicar de forma tan centralizada.
Y un Estado que dice defender la libertad de prensa no puede ser indiferente a la supervivencia de quienes la ejercen lejos de los reflectores.
Pienso, ante estos datos abrumadores que la publicidad oficial es plata de los contribuyentes, y los contribuyentes del interior también pagan.
Por eso corresponde exigir tres cosas.
Primero, criterios públicos y verificables para distribuir la pauta, de modo que el reparto no dependa de la discrecionalidad de cada jerarca ni de la cercanía con quien decide.
Un criterio claro protege a todos: al medio, al organismo y al ciudadano.
Segundo, una proporción mejor de esos fondos, destinada a los medios del interior, que reconozca su alcance y su función en cada territorio.
No se trata de repartir por igual, sino de reconocer que informar a una comunidad pequeña tiene un valor público que no se mide solo en puntos de audiencia, se mide en democracia.
Tercero, transparencia total: qué organismo contrata a qué medio, en qué departamento, por cuánto y con qué fundamento, publicado de forma accesible y actualizada, incluido el año en curso y las empresas públicas.
Y que se incorporen las intendencias, hoy fuera del panorama, para tener por fin la foto completa del gasto.
Hace un tiempo critique fuertemente la inversión de la intendencia y la junta en medios locales, pero si no fuera por los aportes (que son una miga en comparación a lo que reparte el gobierno central), estoy seguro que seríamos menos democráticos, menos integrados y más informados por los medios que en la capital, se reparten millones de dólares para dar su versión de la información, olvidando nuestras comunidades del interior.
Viendo estos números, resta solo pedir que la balanza sea más equilibrada.
Los 68 millones de dólares no son solo una cifra.
Son una definición de a quién se considera importante.
Mientras el interior reciba migajas, el mensaje seguirá siendo el mismo: el país que se escucha es el de la capital, y el resto mira desde afuera.
Los medios del interior no piden un privilegio.
Piden que el dinero de todos se reparta con criterios que incluyan a todos.
Porque cuando un medio local se apaga, no se pierde solo un negocio: se pierde una voz, una memoria, un empleo y una forma de control que ningún canal capitalino puede reemplazar.